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En medio de una campaña electoral ferozmente competitiva en 2024 contra el presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump se convertirá en el primer expresidente sometido a un juicio penal.
Trump se enfrenta a cargos por delitos graves en cuatro casos. Pero el primero en ir a juicio, y quizás el único que probablemente finalice antes del 5 de noviembre, el día de las elecciones, es un caso en Manhattan relacionado con la presunta malversación de pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016. Daniels ha dicho que tuvo un amorío con Trump.
Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de $130,000 a Daniels realizado a través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen. (El verdadero nombre de Daniels es Stephanie Clifford.) El fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg está procesando el caso.
La selección del jurado comienza el 15 de abril.
Por sí sola, la falsificación de registros en segundo grado es un delito menor. Sin embargo, el cargo se transforma en un delito grave si la persona acusada es condenada por falsificar registros comerciales con la intención de cometer otro delito o de ayudar u ocultar un delito cometido. La transformación convertiría los delitos en delitos graves de Clase E, el nivel más bajo de Nueva York.
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Aunque un delito grave Clase E es condenable con hasta cuatro años en prisión, si Trump es condenado, puede que él no vaya a la cárcel. Ser condenado con un delito grave no es un impedimento para lanzarse como presidente. Aun estando en prisión no le impediría servir como presidente, a pesar de que puede causar problemas logísticos significativos.
A Trump se le acusa de haber realizado anotaciones falsas en registros financieros para favorecer otro delito.
"¿Por qué Donald Trump hizo repetidamente estas declaraciones falsas?" dijo Bragg al anunciar los cargos. "Las pruebas demostrarán que lo hizo para encubrir delitos relacionados con las elecciones de 2016".
Bragg dijo que las acciones de Trump "violaron la ley electoral de Nueva York, la cual convierte en delito conspirar para promover una candidatura por medios ilegales." También dijo que el pago por cable excedió el límite federal de contribución a una campaña y que las declaraciones financieras falsificadas violaron la ley de Nueva York.
El número de cargos se refiere a 34 documentos que el gran jurado consideró que contenían una "declaración falsa crítica" relacionada con los pagos. Los cargos también incluyen documentos relacionados con Karen McDougal, una ex modelo de Playboy que dijo haber tenido un amorío con Trump, algo que Trump ha negado constantemente.
Puede que el caso de Manhattan sea el primero en ir a juicio, pero los expertos jurídicos afirman que puede ser el más difícil de probar.
Ellos citan tres grandes retos a los que se enfrenta la acusación.
Uno de ellos es convencer a un jurado de que los cargos de falsificación comercial constituyen a un delito separado, permitiendo acusar a Trump de un delito grave.
Un segundo desafío tiene que ver con algunos testigos clave del gobierno, entre ellos Cohen, quien fue condenado a tres años de prisión por evasión fiscal, hacer declaraciones falsas a un banco asegurado por el gobierno federal e incumplir las normas de financiación de campañas.
Este historial significa que Cohen "tiene serios problemas de credibilidad", dijo Matthew J. Galluzzo, que trabajó como fiscal de Manhattan antes del mandato de Bragg y ahora se dedica a la práctica privada.
Un tercer reto para los fiscales es que se necesita un veredicto unánime para condenar a Trump. Si un miembro del jurado cree que Trump está siendo tratado injustamente por el sistema de justicia civil y penal y vota en contra de la condena, entonces la fiscalía pierde el caso.
El jurado estará compuesto por ciudadanos residentes en Manhattan. A pesar de que Trump vivió en el distrito durante gran parte de su vida adulta, Manhattan probablemente no sea un jurado favorable para Trump: Biden obtuvo allí el 86% de los votos en 2020.
Durante la selección del jurado, los abogados de ambas partes podrán hacer preguntas a los posibles jurados para ver si tienen nociones fijas sobre el caso que les impida pronunciarse imparcialmente.
El cuestionario para el jurado publicado por el tribunal incluye preguntas como los hábitos de consumo de noticias y redes sociales del posible miembro del jurado; si han apoyado o pertenecido a grupos antigubernamentales o se han identificado como QAnon; si han asistido a un evento de Trump o se han suscrito a un boletín pro-Trump; si han leído sus libros; y si "tienen algún sentimiento de opinión sobre cómo se está tratando al señor Trump en este caso."
El juicio será todos los días de la semana excepto los miércoles, cuando Juan M. Merchan, juez interino de la Corte Suprema de Nueva York, realiza el tribunal de salud mental. La ley neoyorquina suele exigir que el acusado esté presente durante el juicio, que, en este caso, podría durar entre seis a ocho semanas.
Ese calendario indica que Trump puede realizar actos de campaña por la noche, los miércoles o los fines de semana. Trump también puede seguir publicando en su plataforma Truth Social.
Trump omite que la orden aún le permite criticar a personas clave con poder en la acusación.
La orden de silencio de Merchan del 1 de abril impide a Trump hablar sobre los testigos o abogados en el caso (excepto de Bragg) y de hacer declaraciones sobre miembros del personal del tribunal o sus familias si interfiere con el caso.Trump puede seguir criticando a Bragg y Merchan.
Las órdenes de silencio "con excepciones muy limitadas se han considerado durante mucho tiempo que no violan la Primera Enmienda", dijo Duncan Levin, que trabajó en la oficina del fiscal de distrito antes de Bragg y ahora es abogado defensor. Trump "es libre de hablar del sistema de justicia penal, pero no de hacer ataques ad hominem contra personas concretas relacionadas con el caso", dijo Levin.
Los abogados de Trump han impugnado la orden de silencio y los tribunales tendrán la última palabra.
Trump señala a uno de los fiscales de Bragg, Matthew Colangelo, quien anteriormente trabajó para el Departamento de Justicia y el fiscal general de Nueva York. Mientras trabajaba para el fiscal general de Nueva York, Colangelo investigó la Fundación Trump y dirigió demandas contra la administración Trump.
Pero su presencia en el equipo no prueba que funcionarios de la Casa Blanca o de la campaña de Biden coordinarán el caso con Bragg.
Días antes del juicio, Trump compartió en Truth Social una carta de Daniels del 30 de enero de 2018 en la que decía: "Niego este amorío porque nunca ocurrió."
La carta se publicó y fue ampliamente difundida en 2018.
Pero poco después, Daniels se retractó, diciendo que de hecho un amorío había ocurrido. Ella dijo que sus negaciones se debían a un acuerdo de no divulgación y que firmó la carta porque las partes involucradas "hicieron que sonara como si no tuviera otra opción."
Una versión de este artículo fue escrito originalmente en inglés y traducido por Maria Briceño y Marta Campabadal.
Nuestras fuentes
Fuentes incluidas en el Fact-check en inglés.